(NUEVA YORK - C-FAM) El Centro de Derechos Reproductivos (CDR), organización de asesoría legal de interés público con sede en Nueva York que se propone extender el acceso al aborto en todo el mundo, publicó, a principios de este mes, un informe titulado «In Harm’s Way: The Impact of Kenya’s Restrictive Abortion Law». El informe y su correspondiente video (que fue destacado por la CNN esta semana) fueron publicados previamente en una reunión paralela del CDR durante la sesión de la Comisión de la ONU sobre la Situación de la Mujer Beijing +15.
Dicho informe guarda estrecha relación con otro, también publicado por el CDR, que fue diseñado a modo de guía para la defensa y el litigio en pos de la liberalización del aborto en África. En él se reconoce el enorme problema de la mortalidad materna en Kenia, pero se ofrece como única solución la ampliación del acceso a la planificación familiar que incluye el aborto «seguro» y legal: «El aborto riesgoso cobra las vidas de cientos de mujeres keniatas cada año. Sus muertes son absoluta y fácilmente prevenibles».
Entre sus numerosas conclusiones, en el informe se exponen reclamos ante la falta de acceso a la anticoncepción, inclusive la anticoncepción de emergencia, particularmente entre las adolescentes keniatas. En él se afirma, asimismo, que «el estigma del aborto y su estatus de delito pone en peligro la salud de las mujeres» y «perjudica a los proveedores de salud que brindan asistencia relacionada con el aborto».
La décima conclusión es quizás una de las más reveladoras del informe, ya que en ella se afirma que «se halló que sólo el 6% de los hospitales... y centros de salud de Kenia ofrece servicios integrales de emergencia obstétrica», y «sólo el 11% de los centros administrados por el gobierno cuenta con los elementos básicos para sustentar los servicios de emergencia de 24 horas». Además, se observa que «los centros de asistencia sanitaria de Kenia a menudo carecen del equipamiento básico... incluso [de] guantes de látex estériles, jabón, agua, solución desinfectante [y] equipos de esterilización...»
Según se observa en un análisis profundo realizado por el Comité Nacional por el Derecho a la Vida, de origen estadounidense, acerca de las estadísticas de mortalidad materna proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud, «la evidencia demuestra que el índice de mortalidad materna de un país está mucho más determinado por la calidad de la asistencia sanitaria que por el estatus legal del aborto. Las complicaciones derivadas del aborto no están en función de la legalidad del procedimiento, sino de las circunstancias médicas generales en las que se lo practica».
Como lo hizo en sus informes precedentes, el CDR afirma en esta oportunidad que existe un derecho al aborto fundamentado en los tratados internacionales, en las declaraciones de los comités que supervisan su cumplimiento, y en las «leyes blandas». No obstante, ningún tratado internacional menciona el aborto y, si bien los comités de supervisión pueden aconsejar, sólo los Estados Partes de un tratado pueden interpretar conjuntamente el alcance de los derechos en ellos contemplados.
La fecha de los informes del CDR coincide con la elaboración de una nueva constitución para Kenia, que actualmente incluye una disposición por la cual «la vida de una persona comienza en el momento de la concepción», aunque también ha habido borradores en los que se incluían excepciones que podrían generar grandes lagunas jurídicas a favor del aborto.
Según lo estipulado en la actual legislación keniata, el aborto está permitido sólo si peligra la vida de la madre, para lo cual se requiere que tres «profesionales médicos» den su consentimiento formal. También hay excepciones para los casos de violación y por cuestiones de «salud» de la madre en el derecho común, pero, por lo general, no se las observa.
Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano
Dicho informe guarda estrecha relación con otro, también publicado por el CDR, que fue diseñado a modo de guía para la defensa y el litigio en pos de la liberalización del aborto en África. En él se reconoce el enorme problema de la mortalidad materna en Kenia, pero se ofrece como única solución la ampliación del acceso a la planificación familiar que incluye el aborto «seguro» y legal: «El aborto riesgoso cobra las vidas de cientos de mujeres keniatas cada año. Sus muertes son absoluta y fácilmente prevenibles».
Entre sus numerosas conclusiones, en el informe se exponen reclamos ante la falta de acceso a la anticoncepción, inclusive la anticoncepción de emergencia, particularmente entre las adolescentes keniatas. En él se afirma, asimismo, que «el estigma del aborto y su estatus de delito pone en peligro la salud de las mujeres» y «perjudica a los proveedores de salud que brindan asistencia relacionada con el aborto».
La décima conclusión es quizás una de las más reveladoras del informe, ya que en ella se afirma que «se halló que sólo el 6% de los hospitales... y centros de salud de Kenia ofrece servicios integrales de emergencia obstétrica», y «sólo el 11% de los centros administrados por el gobierno cuenta con los elementos básicos para sustentar los servicios de emergencia de 24 horas». Además, se observa que «los centros de asistencia sanitaria de Kenia a menudo carecen del equipamiento básico... incluso [de] guantes de látex estériles, jabón, agua, solución desinfectante [y] equipos de esterilización...»
Según se observa en un análisis profundo realizado por el Comité Nacional por el Derecho a la Vida, de origen estadounidense, acerca de las estadísticas de mortalidad materna proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud, «la evidencia demuestra que el índice de mortalidad materna de un país está mucho más determinado por la calidad de la asistencia sanitaria que por el estatus legal del aborto. Las complicaciones derivadas del aborto no están en función de la legalidad del procedimiento, sino de las circunstancias médicas generales en las que se lo practica».
Como lo hizo en sus informes precedentes, el CDR afirma en esta oportunidad que existe un derecho al aborto fundamentado en los tratados internacionales, en las declaraciones de los comités que supervisan su cumplimiento, y en las «leyes blandas». No obstante, ningún tratado internacional menciona el aborto y, si bien los comités de supervisión pueden aconsejar, sólo los Estados Partes de un tratado pueden interpretar conjuntamente el alcance de los derechos en ellos contemplados.
La fecha de los informes del CDR coincide con la elaboración de una nueva constitución para Kenia, que actualmente incluye una disposición por la cual «la vida de una persona comienza en el momento de la concepción», aunque también ha habido borradores en los que se incluían excepciones que podrían generar grandes lagunas jurídicas a favor del aborto.
Según lo estipulado en la actual legislación keniata, el aborto está permitido sólo si peligra la vida de la madre, para lo cual se requiere que tres «profesionales médicos» den su consentimiento formal. También hay excepciones para los casos de violación y por cuestiones de «salud» de la madre en el derecho común, pero, por lo general, no se las observa.
Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano
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